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Deuda Pública y Derechos Humanos

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5 años 9 meses antes - 5 años 9 meses antes #7 por manager_juris
Planteamiento del tema: Los Estados emiten bonos de deuda pública para acceder a fondos de captación del público con el fin de cubrir gastos que no son cubiertos por el presupuesto ordinario de la República. Esos bonos y certificados de inversión que se adquieren en las distintas bolsas de valores, tienen una fecha de vencimiento determinada, en la cual deben honrarse contra la presentación que hagan sus tenedores por el valor nominal de cada documento y sus respectivos intereses. Existen empresas certificadoras de riesgo que estudian la capacidad económica que tienen los países respecto del manejo de las finanzas públicas, la utilización racional de los presupuestos nacionales y los déficits y las garantías de pago de los bonos y certificados de inversión de deuda pública.

En distintos momentos, se han presentado crisis en países de Latinoamérica donde las certificadoras internacionales han subido el nivel de riesgo de pago según la situación de las finanzas públicas del país. En esos casos, y al momento del vencimiento de esos documentos, sus tenedores reclaman la cancelación del monto total de la deuda con base en principios del derecho comercial como la literalidad del documento. Para ello, pueden recurrir a distintos tribunales nacionales o de otros países conforme a reglas de competencia establecidas en el Derecho Internacional Privado. El conflicto surge cuando alguno de los gobiernos alega la necesidad de reestructurar esa deuda pública por las difíciles condiciones de pago y busca formas de negociación con los tenedores para llegar a acuerdos de pago diferidos en el tiempo y el modo y monto de cancelación.

En la actualidad, el tema se debate fuertemente en relación con los llamados “fondos buitres” en la Argentina, la negociación a la que ha llegado el gobierno con la mayoría de los tenedores de esos títulos y la orden de pago literal que un Juez de la jurisdicción de los Estados Unidos de América ha declarado a partir del reclamo de una minoría de los tenedores que no quisieron acogerse a ningún tipo de arreglo de pago o ajuste en los montos de los certificados.

Las preguntas principales que surgen sobre este tema y los derechos humanos, guardan relación respecto de las consecuencias en las finanzas públicas si se obliga a un país a honrar una deuda soberana en los términos originales pactados y cómo ello podría afectar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales si se debe tomar fondos públicos para honrar aquellas obligaciones. ¿Son válidos los acuerdos suscritos entre tenedores privados de certificados y el gobierno para honrar esas deudas en condiciones más favorables para el país? ¿Puede un Juez ordinario de un tercer país ordenar el pago de la deuda originaria sin valorar las condiciones de las finanzas públicas del país? ¿Podrían solicitarse medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar daños irreparables a personas y grupos en condición de vulnerabilidad y en sus derechos económicos, sociales y culturales en caso de demostrarse que la obligación de pagar esa deuda pública conforme a su valor nominal podría implicar una reducción del gasto y la inversión social? ¿Existen tratados internacionales de derechos humanos que traten este tema? ¿Se han pronunciado los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas o del Sistema Interamericana sobre esta problemática?

Con el fin de abordar esas y otras preguntas, se abre este foro para enriquecer el debate. Para ello se pone a disposición el siguiente insumo que es la Resolución 68/304 aprobada el pasado 9 de septiembre de 2014 por la Asamblea General de la ONU sobre "El establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana":

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/304
Última Edición: 5 años 9 meses antes por manager_juris.

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5 años 9 meses antes #8 por manager_juris
Algunas consideraciones sobre la resolución de la ONU respecto de la reestructuración de deudas soberanas
La Resolución 68/304 aprobada el pasado 9 de septiembre por la Asamblea General de la ONU sobre "El establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana", que tanto ha dado que hablar en Argentina por la cuestión de los fallos del juez Griesa frente al planteo de los "fondos buitre", requiere probablemente una mirada más fina y menos superficial de la que se le ha dado hasta ahora; algunas pocas conclusiones que me surgen de la lectura de la misma son las siguientes:
Es sumamente valioso de que por primera vez se plantee esto en la AG de la ONU, quitándolo del ámbito más conservador (los foros dentro del FMI o el Banco Mundial). Instalarlo a dicho nivel (contra las resistencias de algunas de las más importantes potencias del mundo) representa un paso adelante indudable.
Es también representativo de una manifestación nada desdeñable de poder, que la Resolución se haya presentado en conjunto por el Grupo de los 77+ China, y no de manera unilateral.
La resolución reconoce el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda, el cual no debe verse frustrado u obstaculizado por las medidas que se adopten en otro Estado. Por supuesto que cuando se habla de "medidas" en derecho internacional, ello incluye las medidas de tipo judicial; en otras palabras, la acción de cualquiera de los poderes de un Estado puede generarle responsabilidad internacional, aunque dicha responsabilidad está lejos de establecerse en el estado actual del desarrollo jurídico del tema.
La resolución en sus considerandos también reconoce ese derecho, que no debe verse frustrado por acreedores comerciales, incluidos fondos de inversión especializados (es decir, los famosos "fondos buitre"). Este es otro logro: los actores transnacionales y poderes económicos detrás de las sombras suelen pasar lo más desapercibidos posibles, porque parte de su fuerza reside en la invisibilidad, ya que su accionar es - en el caso de estos fondos - a todas luces miserable y usurero.
Es importante el reconocimiento internacional del vacío legal en la materia: así, la resolución señala que el sistema financiero internacional no cuenta con un marco jurídico riguroso para la reestructuración ordenada y previsible de la deuda soberana, y reconoce la necesidad de crear dicho marco jurídico, utilizando como elemento central de los procesos la determinación de la capacidad real de pago.
En el punto resolutorio más trascendente, la norma decide elaborar y aprobar prioritariamente desde el año que viene, por negociaciones intergubernamentales, un marco jurídico multilateral para procesos de reestructuración de deuda soberana, con miras a aumentar la eficacia, estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de acuerdo a las prioridades nacionales.
Es decir, la resolución tal y como fue adoptada es probablemente lo mejor que podía obtenerse, y desde ese punto de vista representa un gran logro político y diplomático.
Ahora bien, algunas cosas que deben preocupar y mucho:
Los votos negativos (11) y abstenciones (42), muestran a todo el espectro fuerte financiero internacional - quitando a China - sin acompañar explícitamente el texto de la resolución. Es muy preocupante, en ese sentido, que ni un solo Estado de la Unión Europea haya votado a favor, ni siquiera aquellos que pueden tener problemas graves de reestructuración de deuda como España y Grecia.
Las abstenciones no deben leerse de igual manera; en consecuencia, la abstención de Francia es auspiciosa, porque podría haberse presumido un voto en contra, pero las de España y Grecia - reitero - son decepcionantes, más la segunda que la primera, toda vez que el gobierno de Rajoy suele acompañar en general las decisiones más retrógradas.
No hace falta ser Nostradamus para señalar que es poco probable que el "marco jurídico multilateral" que se apruebe (es decir, un tratado o convención) cuente con el apoyo de los Estados desarrollados, y naturalmente no podrá aplicarse para casos del pasado (como la situación Argentina, por el principio de irretroactividad), ni a Estados que no ratifiquen o adhieran a dicho tratado o convención.
El esfuerzo diplomático futuro tendrá que centrarse en "traer" a la negociación del instrumento a Estados claves (pienso en aquellos de la Unión Europea que no han votado expresamente en contra, y otros asiáticos y de la región de Oceanía), sin que se termine desnaturalizando el propósito de la resolución obtenida con tanto trabajo previo.

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