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Caso San Miguel Del Progreso/Júba Wajiín.-

Aunque el acto reclamado no los prive [a los quejosos] de manera directa e inmediata del derecho de disposición de las tierras que comprenden su territorio, la sola posibilidad de afectación, ante el otorgamiento de los títulos de concesión minera en favor de la empresa tercera interesada, hace necesario que se les deba respetar el derecho a audiencia previa a la expedición de dichos títulos, pues será en el desarrollo del procedimiento correspondiente para el otorgamiento de la concesión de que se trate conforme lo establece la propia Ley Minera, en donde la autoridad deberá precisar si existe afectación o no a los derechos de la comunidad a la que pertenezcan los quejosos.

Parte I: Componente Formal

País: México 

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Somos una ONG basada en la montaña de Guerrero, fundada en Tlapa de Comonfort en 1994. Trabajamos con los pueblos Me'Phaa, Na Savi, Naua, Nnnancue y mestizos en la defensa de sus derechos humanos, tales como: Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; Derechos Civiles y Políticos; y Derechos de las Mujeres. Acompañamos casos de violaciones a derechos humanos desde una perspectiva de defensa integral, que comprende la defensa jurídica, la comunicación social, el acompañamiento comunitario y la incidencia a nivel nacional e internacional.

Temática que trabaja

Derecho al territorio.

Temática de la sentencia: Pueblos Indígenas

Identificación:

Caso San Miguel Del Progreso/Júba Wajiín.-

Aunque el acto reclamado no los prive [a los quejosos] de manera directa e inmediata del derecho de disposición de las tierras que comprenden su territorio, la sola posibilidad de afectación, ante el otorgamiento de los títulos de concesión minera en favor de la empresa tercera interesada, hace necesario que se les deba respetar el derecho a audiencia previa a la expedición de dichos títulos, pues será en el desarrollo del procedimiento correspondiente para el otorgamiento de la concesión de que se trate conforme lo establece la propia Ley Minera, en donde la autoridad deberá precisar si existe afectación o no a los derechos de la comunidad a la que pertenezcan los quejosos.

Fecha de la sentencia

1) El recurso de amparo fue resuelto el 6 de febrero de 2014 .
2) El recurso de amparo indirecto 429/2016 resuelta el 28 de junio de 2017.
3) El recurso de revisión agrario 560/2017, relativo al juicio de amparo indirecto 429/2016, fue resuelta el 8 de octubre de 2019.  

Autoridad que la emite

1) El recurso de amparo  presentado el 2 de julio de 2013, fue resuelta por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 

2) El recurso de amparo indirecto 429/2016 presentado el 11 de diciembre de 2015, fue resuelta por el Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero. 

3) El recurso de revisión agrario 560/2017, relativo al juicio de amparo indirecto 429/2016, presentado el 11 de diciembre de 2015, fue resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

Derecho objeto de estudio

Derecho a la Consulta.

Enlace a la página oficial

www.tlachinollan.org/juba-wajiin/

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

En el 2011, la comunidad Me'Phaa de San Miguel del Progreso se enteró que una gran parte de su territorio estaba concesionado a empresas mineras y decidieron organizarse para defender su propiedad colectiva ancestral y su derecho a la vida. Por tal motivo, se presenta: 1) un recurso de amparo el 2 de julio de 2013 que fue resuelto el 6 de febrero de 2014 (pág. 1 - 136) ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero en el que se solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos que estaban realizando diversas autoridades;  2) Un recurso de amparo indirecto 429/2016 el 11 de diciembre de 2015 y resuelta el 28 de junio de 2017 (pág. 138 - 201),  ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en el que se solicitó amparo y protección de la justicia federal, por la violación de los derechos humanos  de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, Municipio de Malinaltepec; finalmente presentan 3) un recurso de revisión agrario 560/2017, relativo al juicio de amparo indirecto 429/2016 el 11 de diciembre de 2015 (pág. 202 - 288) ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que fue resuelta el 8 de octubre de 2019.

Hechos del caso

Ante la información que recibió la comunidad sobre la amenaza a su territorio, decidió emprender una lucha jurídica con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con una estrategia de Defensa Integral (jurídica, comunitaria, de comunicación y de incidencia). Las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso se ampararon con el doble objetivo de cancelar las concesiones que afectaban a su territorio, y para lograr una modificación a la Ley Minera que permite otorgar concesiones sin respetar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y la libre determinación de los pueblos indígenas. 

La lucha de San Miguel fue un éxito para el primer objetivo, ya que en tres ocasiones un tribunal ha emitido una sentencia que confirma la cancelación de las concesiones que se encuentran en el territorio del núcleo agrario; respecto del segundo objetivo, la primer sentencia no se pronunció por lo que se acudió a la SCJN, sin embargo las empresas se desistieron de las concesiones para evitar que se entrara al análisis de fondo de la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley Minera. En paralelo a esta lucha jurídica, se emprendió un proceso de organización comunitaria de los núcleos agrarios de la montaña de Guerrero en contra de la minería y en defensa del territorio, conformándose en 2011 el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), que tiene 7 años de existencia y sigue agrupando a una gran parte del territorio de la montaña, realizando diversas actividades en defensa del territorio.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

A partir de la defensa del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y a la Libre Determinación, la pretensión del caso fue doble: por una parte, cancelar las concesiones que afectan el territorio de San Miguel del Progreso; por otra parte, demostrar la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Minera, específicamente los artículos 6, 10, 15 y 19, los cuales violan los derechos de los pueblos indígenas al territorio, al permitir otorgar concesiones sin consultar a las comunidades; al considerar la actividad minera como preferente sobre cualquier otro uso del territorio y de “utilidad pública”; al otorgar concesiones con un plazo fijo de 50 años.

El caso de San Miguel del Progreso conoció dos amparos: en la primero, se demandó la cancelación de las concesiones y la modificación de la ley minera. La primera sentencia del 6 de febrero 2014, amparó a las comunidades respecto de las concesiones, sin embargó no entró al análisis de los argumentos sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Minera. Por ello, se solicitó y obtuvo el 11 de febrero del 2015 que la SCJN reasumiera su competencia originaria al tratarse de un caso de trascendencia por estar vinculado con la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera y por lo tanto tener potenciales implicaciones en los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, para evitar el análisis de constitucionalidad de la Ley Minera, las empresas se desistieron de las concesiones y el caso se sobreseyó el 25 de mayo del 2016.

Paralelamente, se entró en la segunda fase del caso, después que, el 24 de noviembre del 2015, la Secretaría de Economía publicara en Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad de terreno que indicaba que las concesiones quedaban canceladas, pero indicando al mismo tiempo que el territorio de San Miguel quedaba libre para la actividad minera. Por ello, el 11 de diciembre del 2015, la comunidad indígena-agraria de San Miguel interpuso un segundo amparo contra la declaratoria de libertad de terreno, por haberse realizado sin haber consultado a la comunidad de manera previa. El 28 junio de 2017, la Juez Primero de Distrito dictó sentencia en el amparo 429/2016 a favor de la comunidad de Juba Wajiín, en el que se reconocía que se había violado su derecho a la consulta. Este amparo fue recurrido por la Secretaría de Economía, y, el 17 de octubre de 2019, se dictó la sentencia definitiva en la cual el tribunal le da la razón a la comunidad de San Miguel del Progreso, poniendo fin a un proceso jurídico de seis años.

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

 

El acompañamiento de Tlachinollan se basa sobre una estrategia de defensa integral, la cual incluye: 

1) Defensa Jurídica: defender ante los tribunales el derecho de la comunidad de San Miguel al territorio y a la libre determinación, reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana de Derechos Humanos; 

2) Fortalecimiento Comunitario, trabajando con las comunidades para apoyarlas en sus procesos organizativos en defensa del territorio. Se conformó en el 2011 el Consejo de Comunidades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) que agrupa a cerca de 30 núcleos agrarios, entre los cuales se encuentra el de San Miguel del Progreso. Los núcleos agrarios organizados emiten actas de rechazo a la minería, inscriben sus estatutos ante el RAN y realizan foros para compartir estrategias de defensa del territorio; 

3) Comunicación: se difunde la lucha de la comunidad de San Miguel ante los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales; asimismo, se realizó un documental en lengua Me’Phaa en el cual miembros de la comunidad explican por qué y cómo luchan por el territorio y la vida, y un informe para difundir la estrategia jurídica que se desarrollo en el caso; 

4) Incidencia: Se difunde información sobre el caso de San Miguel del Progreso ante instancias internacionales, y se participa en incidencia por reformar el marco legal y constitucional violatorio de los derechos de los pueblos.

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

La argumentación estuvo basada por una parte sobre la Constitución mexicana, en particular los artículos 1 y 27 constitucionales. Por otra parte, se apeló al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en particular sus artículos 6, 13 y 15 en lo referente al derecho a la Consulta

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

1) El recurso de amparo, fue presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 

2) El recurso de amparo indirecto 429/2016 ,  fue presentada ante el  Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero. 

3) El recurso de revisión agrario 560/2017, relativo al juicio de amparo indirecto 429/2016,  fue presentada ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

¿Cual fue el argumento sustantivo?

Las tres recurso estaban direccionados a plantear el respeto del derecho a la consulta previa libre e informada. Es así que: en el primer amparo, se señala que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de las concesiones mineras relativas a los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. La acción legal incorpora además el reclamo concerniente a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente en lo que concierne a los artículos 6, 10, 15 y 19 de dicha legislación en materia de minas. En el Segundo amparo, se señala que la simple emisión de una declaratoria de libertad de terreno viola el derecho a la libre determinación y la consulta, al haberse emitido sin previa consulta. Esta pretensión se confirma el 27 de octubre de 2019 en mediante el el recurso de revisión agrario 560/2017, en el que se determina que si existió una afectación del derecho a la consulta, previa libre informada de los pueblos indígenas.

A su vez, es importante recalcar que las pretensiones planteadas en cada recurso fueron semejantes. Así por ejemplo: 1) En el recurso de amparo que fue resuelto el 6 de febrero de 2014, se solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos que estaban realizando diversas autoridades;  2) En el recurso de amparo indirecto 429/2016, presentado el 11 de diciembre de 2015 y resuelta el 28 de junio de 2017, se solicitó amparo y protección de la justicia federal, por la violación de los derechos humanos  de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, Municipio de Malinaltepec; finalmente presentan 3) en el recurso de revisión agrario 560/2017, relativo al juicio de amparo indirecto 429/2016, resuelta el 27 de octubre de 2019, se dictó la sentencia definitiva en la cual el tribunal le da la razón a la comunidad de San Miguel del Progreso, poniendo fin a un proceso jurídico de seis años. Asimismo se determina que existió una vulneración al derecho a la consulta, previa, libre e informada.

¿Hubo pruebas, peritajes?

En el primer Amparo, se ofreció como prueba el acta de rechazo a la minería levantada por la comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso.

En el segundo amparo, se ofreció un peritaje en materia antropológica por parte de María Teresa Sierra en la segunda fase del caso de San Miguel, en el cual se demuestra el apego de la comunidad de San Miguel a su territorio, entendido como la totalidad de las tierras, recursos y biodiversidad que contiene. 

Frente a ello, la Secretaría de Economía no hizo uso de su derecho de nombrar otro perito, por lo que el juzgado ofreció un tercer perito en discordia, el cual abundó en el mismo sentido que el peritaje ofrecido por María Teresa Sierra.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

Las sentencias se basaron en buena parte sobre tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.


En la primera parte del caso (primer amparo), la sentencia reconoce que la autoadscripción es el elemento fundamental para establecer la identidad indígena de la parte quejosa en un Juicio de Amparo; se analizan las obligaciones de los juzgadores en garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas; reconoce el interés legítimo de la Comunidad Agraria de San Miguel para acudir al juicio de amparo, precisando los alcances del derecho legítimo, entre el interés simple y el interés jurídico; establece como estándar de protección la sola posibilidad de la afectación de derechos de la parte quejosa; reconoce la entidad de los territorios indígenas en el ordenamiento jurídico mexicano, y no solamente la de sus tierras, así como la pertenencia de los recursos naturales del subsuelo a los territorios; reconoce el derecho a la consulta a partir del derecho internacional de los derechos humanos, y establece los criterios mínimos que debe satisfacer el procedimiento de consulta a los pueblos y comunidades indígenas: previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe, endógena, libre, pacífica, democrática, equitativa, socialmente responsable, autogestionada.

En la segunda parte del caso (amparo indirecto).  Se realiza un análisis de la competencia, la precisión de los actos reclamados, la existencia de los actos reclamados, las cuestiones relevantes sobre la procedencia de la demanda, en donde se realiza un análisis sobre la identidad del pueblo indígena y el análisis del derecho a la consulta.

En la tercera parte (recurso de revisión agrario).Se dictó la sentencia definitiva en la cual el tribunal en la que se confirma la vulneración del derecho a la consulta de la comunidad indígena-agraria de San Miguel.

Normas específicas en las que se basaron las tres resoluciones:

Normas internacionales:

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 21.

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

- Caso Sarayaku vs. Ecuador. 

- Caso Saramaka vs. Surinam.    

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas 

- Recomendación General número 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (UNCERD).

Normas Nacionales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

- Ley de Minería.

- Tesis CCXXXIV/2013 (10a.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Tesis CCXXXV/2013 (10a.). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Tesis 1a. CCXII/2009. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

En el presente caso existe un desarrollo del derecho de los pueblos indígenas en las tres resoluciones existentes en el presente caso que fueron efectuados por los diversos órganos resolutores. Estos criterios fueron confirmados el 27 de octubre de 2019, en la resolución del recurso de revisión agrario 560/2017. 

En específico, los derechos que se analizan en las resoluciones mencionadas son el derecho a la identidad indígena y el derecho a la consulta previa, libre e informada, que  pueden categorizarse en dos puntos centrales. Estos son:(i) las razones que legitiman a los quejosos para intentar la acción de amparo estando ellos circunscritos a una categoría vulnerable tal es el caso de un grupo indígena;  y,  (ii) la conveniencia, necesidad y aplicación del principio de consulta previa frente a proyectos que inciden en la esfera jurídica de sus derechos a la propiedad colectiva. Asimismo, presenta la decisión un punto previo donde se analiza la cualificación de “indígena” en función del derecho constitucional mexicano y tratados internacionales en la materia, es decir, que se entiende jurídicamente por “indígena”   

Con relación al punto previo, el Tribunal clarifica que de acuerdo con la constitución mexicana será indígena quien se identifique como tal, lo cual comprende que las personas se autoadscriban y autoreconozcan como “índigenas”, asumiendo el individuo como propio pautas culturas y rasgos sociales de ese grupo del que afirma ser parte. Esta premisa no debe ser interpretada como una conclusión inferencial o Subjetiva, sino que su validez está condicionada por varios elementos objetivos que deben constatarse en el caso concreto, a saber, (i) continuidad histórica, (ii) conexidad territorial y (iii) instituciones sociales.

Respecto al derecho de consulta, la decisión sostiene que el momento en el que debe efectuarse la consulta es previo a la emisión de una declaratoria de libertad de terreno en el Diario Oficial de la Federación: es decir, de manera previa a que las empresas mineras puedan solicitar una concesión sobre un territorio indígena; también se precisan las características que debe tener la consulta: previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe, endógena, libre, pacífica, democrática, equitativa, socialmente responsable, auto-gestionada.

Además, el Tribunal argumenta que los quejosos, a la luz del concepto de interés legítimo (distinto a las nociones de simple interés y titularidad de derecho subjetivo) no requiere de una privación directa de su derecho inherente, sino que es suficiente con la sola posibilidad de eventuales afectaciones producto de la aprobación de la Ley de Minería, ya que es precisamente a través de la consulta previa que puede evitarse que estas afectaciones se materialicen. La falta de realización de la consulta constituye en sí misma una violación de un derecho humano aun cuando no se haya producido una afectación materialmente verificable. La consumación de este derecho es conexa con la realización, a su vez, de otros derechos Civiles y Políticos, tales como el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones, y el acceso a la justicia.

El Tribunal Mexicano fundamenta este análisis mediante la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de donde se desprende que la consulta ostenta un triple propósito. El primero, es que la consulta permita que grupos vulnerables cuenten con una participación efectiva en decisiones que comprometan el goce pleno de sus tierras, atendiendo en esos procesos a costumbres y tradiciones de esos pueblos. El segundo, es que la consulta busque que toda medida administrativa o legislativa que se tome sobre sus tierras contemple también beneficios razonables para todas las personas con un interés legítimo sobre la propiedad colectiva de las tierras. Por último y, en tercer lugar, la consulta constituye una garantía de que no se ejecutará ninguna determinación dentro del territorio de los pueblos indígenas a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Este último aspecto del triple propósito de la consulta implica también que durante una audiencia previa se le informe de la totalidad de los riesgos y secuelas que pueden derivarse de proyectos de desarrollo sobre sus tierras.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de la Comunidad de San Miguel del Progreso se precisa que la susceptibilidad del derecho a la propiedad colectiva, más que originarse en las concesiones a empresas mineras, derivaría de la falta de disposición sobre esas tierras cuando las empresas mineras decidan explotar los recursos que sobre ellas pesan. De allí que se concluye, por argumentos tanto facticos como jurídicos que el gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas interesados, mediante procedimientos adecuados y a través de sus instituciones respectivas, cuando se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente.

El Tribunal entonces, verificó que en el caso concreto, la Secretaria de Economía de la Presidencia de la República Mexicana no cumplió con el requisito de consulta previa al memo neto de aprobar concesiones a empresas privadas, y precisó que ello desencadenaba en la nulidad de los actos administrativos cuestionados ya que:

la finalidad de dichas concesiones implica[ba] la afectación al derecho que tienen sobre los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio, pues sin ello, la supervivencia económica, social y cultural de dicha comunidad indígena está en riesgo, siendo importante recordar que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Finalmente, en la última sentencia, se precisa el momento en el que debe intervenir  el derecho a la consulta  (previo a la emisión de una declaratoria de libertad de terreno en el Diario Oficial de la Federación: es decir de manera previa a que las empresas mineras puedan solicitar una concesión sobre un territorio indígena; también se precisa las características que debe tener la consulta: previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe, endógena, libre, pacífica, democrática, equitativa, socialmente responsable, autogestionada.  

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

En las tres resoluciones se hacen alusión a las siguientes normas:

-  Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 21

-  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Caso Sarayaku vs. Ecuador 

- Caso Saramaka vs. Surinam.   

Sistema Universal.

-  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas 

- Recomendación General número 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (UNCERD)

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

Se cumplió la sentencia ya que el Diario Oficial de la Federación publicó la resolución que deja sin efectos la declaratoria de libertad de terrenos que se había otorgado.

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

No es necesario un mecanismo de seguimiento ya que la sentencia se encuentra cumplida por las autoridades.

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