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AMPARO INDIRECTO 707/2016: es obligación del Estado procurar el otorgamiento del tratamiento que garantice que el derecho a la salud de la quejosa sea ejercido sin discriminación alguna y adoptar las medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas, es decir, avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización.

Parte I: Componente Formal

País: México 

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Es un programa universitario que se integra por estudiantes de licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales(UMSNH)

Temática que trabaja

Grupos vulnerables, salud, educación, vivienda, agua, alimentación, discapacidad, niños, adultos mayores, no discriminación, derechos reproductivos, derecho al mínimo vital, medio ambiente.

Temática de la sentencia: Salud

Identificación:

AMPARO INDIRECTO 707/2016: es obligación del Estado procurar el otorgamiento del tratamiento que garantice que el derecho a la salud de la quejosa sea ejercido sin discriminación alguna y adoptar las medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas, es decir, avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización.

Fecha de la sentencia

14 de noviembre de 2016

Autoridad que la emite

Juez Séptimo de Distrito con sede en Morelia, Michoacán(México).

Derecho objeto de estudio

Derecho a la vida, derecho a la integridad física, interés superior del menor.

Enlace a la página oficial

iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/acceso-al-repositorio

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

Una menor con Síndrome de Down requiere un chaleco compresor para su tórax y evitar asfixia.

Hechos del caso

Hanna Aime Quintero de la puente es una niña que para el momento de la emisión de la Sentencia de Amparo tenía una edad de 9 años y 4 meses. Ella padece de una diversidad funcional derivada de un cuadro de trisomía veintiuno (síndrome de down) así como una condición neurológica denominada trastorno de espectro autista. Todo ello hace que la menor sea una persona vulnerable interseccionalmente, ya que en ella confluyen al menos tres factores vulnerables.

Dada la situación de salud de la menor, su madre reclama a las autoridades de salud del Estado de Michoacán la omisión de proporcionar acceso y protección del derecho a la salud, toda vez que no le fue otorgado el tratamiento para su padecimiento, el cual se denomina “pectus carinatum” y requiere para tratarlo de un chaleco compresor para su torax. En México solamente hay un solo médico especialista que pudiera asistir a la menor en este proceso. Este comprensor dinámico tiene un costo de cuatro mil seiscientos cuarenta dólares americanos y solo puede conseguirse en Argentina desde donde debería traerse hasta Michoacán en México.

La medre de la menor carece de recursos económicos para cubrir el tratamiento. A pesar de contar con cobertura del Seguro Popular, la condición de “pectus carinatum”, y su subsecuente tratamiento, se encuentra excluido o no previsto en el catálogo universal de servicios de salud del referido seguro del Estado. La falta de cobertura de esta enfermedad trae como consecuencia que la vida e integridad personal de la menor corra riesgos, en la medida que con el paso del tiempo el torax de la menor quejosa ejercerá presión sobre órganos vitales, como pulmones y corazón, lo cual, a su vez, puede generar un paro cardiorrespiratorio, y con ello, la muerte de la niña.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

La demanda se presentó por comparencia por una alumna ante el Juzgado de turno(para los casos de máxima urgencia)

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

Plantear la omisión de la falta de atención médica como un caso donde se pone en peligro la vida de la menor. Ante ello, la Ley de Amparo regula un trámite de máxima urgencia que resuelve cualquier día u hora, de manera inmediata(artículo 15 de la Ley de Amparo).

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

Artículos: 1o, 4o, y 22 constitucional; 1o, 4, 5 de la Convenció Americana sobre Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

Jurisdicción constitucional federal(modelo concentrado). Regla constitucional(artículo 107-IV): cuando se trate de violaciones directas a los derechos humanos no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa, puede acudirse a la judicatura constitucional(jueces de distrito).

¿Cual fue el argumento sustantivo?

El derecho a la vida de la menor es irrestricto , y que el Estado no puede oponer falta de recursos económicos para no cumplir con obligaciones positivas de proporcionar el más alto nivel de salud, que constituye una de las proyecciones del interés superior del menor.

¿Hubo pruebas, peritajes?

Sí.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

Argumento: el deber ineludible de proteger el derecho a la salud, integridad personal y vida de la menor con discapacidad neurológica garantizando el tratamiento adecuado. 

Estos derechos se desprenden de las siguiente normas aplicados en el presente caso: 

Normas internacionales

- Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

- Convención Sobre los Derechos de los Niños

- Declaración Universal de los Derechos Humanos

- Pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y culturales.

- Declaración y programa de Acción de Viena de 1993.

Normas nacionales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

Tesis.

- Tesis 1a. VIII/2013 (10a). 

- Tesis VI/2013 (10a)

- Tesis 1a./J. 191/2005. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

- Tesis P. XV/2011. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Jurisprudencia P/J. 136/2008. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Tesis XVI/2011. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Tesis. IX. 1o.1 CS (10a). Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

- Tesis P. LXVIII/2009. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

Sí. El presente caso se resuelve con base en 7 fundamentos, de los cuales, el fundamento número 6 resulta sustancial debido a que se hace un análisis sobre la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar el acceso al derecho y protección de la salud de la menor, para determinar si se encuentra excluido o no del catálogo universal de servicios del seguro popular.

En este sentido, el tribunal analiza: a) el marco de protección de las personas con discapacidad funcional; b) el marco de protección tratándose de menores de edad (interés superior del menor); c) el marco de protección a las personas con la condición neurológica denominada trastorno del espectro autista; y, d) la identificación del núcleo de derechos. Al realizar este análisis se determina que existe una obligación de proteger el derecho a la salud entendida como:

... el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (...) [por ende existe] la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el uso máximo de los recursos de que disponga (...) De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad.  

Asimismo, con el fin de evaluar si es posible establecer una restricción a las condiciones básicas para proteger el derecho a la salud se aplica un test para evaluar esta posible restricción. Por tal motivo, esta evaluación  se esgrime en dos bloques argumentativos. Estos son: (i) Estudiar los diversos “test” de ponderación de derechos fundamentales existentes en la tradición jurídico-germánica del Tribunal Constitucional Alemán y, por otra lado, de la tradición jurídica anglosajona de la Corte Suprema de los Estados Unidos; y,  (ii) La segunda parte versaría sobre la selección del test que mejor se ajusta a las necesidades del caso, el cual consistiría en la determinación del núcleo del derecho en juego que, en este caso, sería el derecho a la salud, a partir de un modelo doctrinal desarrollado por el jurista Daniel Vásquez. La resolución de este test conduce a la conclusión de que existe un acto atribuible al Estado federado de Michoacán por la omisión prestacional de un servicio médico que debe ser, en virtud de la cláusula constitucional pertinente que consagra el derecho de los mexicanos de gozar del máximo nivel de salud posible sin discriminación, debiendo el Estado correspondientemente brindad proveer a la menor del chaleco comprensor que controle la condición de pectus carinatum. Para resolver este test el Tribunal tuvo que responder siete preguntas. A saber:

 

1) ¿Cuál es la finalidad última del derecho que se está analizando (derecho a la salud)?  El tribunal consideró que “ese derecho subjetivo (la salud) implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general” lo cual a su vez es consistente con el contenido de varias normas convencionales internacionales oriundas de varios sistemas de protección, a saber, interamericano, europeo y universal.

2) ¿Sin que obligaciones, la finalidad del derecho en cuestión definitivamente pierde sentido (identificación de las obligaciones indispensables)? El Tribunal identificó precedentes de la Suprema Corte de la Nación mexicana que indican mutatis mutandi la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que el contenido esencial del derecho a la salud perdería sentido si el Estado no cumple con las obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud. Lateralmente, la virtualidad de estas obligaciones dependería del respeto, protección y cumplimiento que todos los poderes públicos los brinden.

3) ¿Cuál es el contexto de restricciones materiales y limitaciones de políticas públicas para hacer efectivo el contenido esencial del derecho? Ciertamente, en este caso la limitación radica en la falta de cobertura en el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular, el cual no reconoce a la condición pectus carinatum como una enfermedad que se encuadre en la cobertura del seguro. Fácticamente, además, el tratamiento es de difícil acceso en México, ya que el chaleco compresor para atenuar los padecimientos tendría que ser exportado desde Argentina y en todo el territorio nacional mexicano solamente hay un médico tratante para esta enfermedad.

4) ¿Hay mecanismos establecidos para determinar prioridades en el marco de estas restricciones? ¿En esas prioridades se considera el contenido esencial del derecho y las personas en situación de vulnerabilidad? La respuesta que da el Tribunal es que no, porque si bien el Catalogo Universal de Servicio de Salud reconoce 1.621 enfermedades, la pectus carinatum no es una de ellas, lo cual la excluye de toda posible cobertura. El Tribunal considera que, al margen de esa consideración, en los términos del artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, el derecho a la salud es un derecho fundamental, por lo que la falta de reconocimiento expreso de la enfermedad en el catálogo del seguro del Estado no debería ser un obstáculo para que este sea brindado, o lo que es lo mismo, la lista de cobertura de enfermedades no debe ser interpretada de forma taxativa sino enunciativa. Ello en función de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales en la materia. Esto se debe a una postura no solamente internacional, sino a una posición nacional y progresista que ha abrazado la judicatura mexicana en los últimos años. Por otro lado, los mecanismos existentes, tales son los diagnósticos efectuados por médicos tratantes brindados por el Estado, fueron insuficientes, ya que si bien dieron una opinión profesional basados en la literatura medica, nunca efectuaron un examen médico sobre la paciente, por lo que no puede saberse con certeza si en su caso particular existe o no un riesgo de mortalidad alto.

5) ¿Cuáles son los costos que deben asumirse para cumplir de forma inmediata con el contenido esencial del derecho? El chaleco compresor exportado desde Argentina tendría un coste deUSD $4,640.00 cuatro mil seiscientos cuarenta dólares Americanos

6) ¿Cuáles serían las consecuencias de cumplir inmediatamente con el contenido esencial del derecho? .La respuesta es facetica. Por un lado, estarían las consecuencias inmediatas, lo cual consistirán en proveer a la paciente concreta del chaleco compresor para proveer los riesgos derivados de su condición de pectus carinatum. La consecuencia mediata es que se incluido en el catálogo del Seguro Popular la enfermedad en cuestión. Sin embargo, al tratarse de un Tribunal de un estado federado, no se encuentra dentro de su esfera de competencias ordenar esta segunda consecuencia, sino solamente las de efectos inmediatos porque de lo contrario supondría alterar las funciones naturales del Estado, esto es, invadir funciones de naturaleza legislativa.

7) ¿Qué impacto tendría la denegación de derechos específicos sobre la persona cuyos derechos están siendo vulnerados?. Si se negara el acceso al chaleco compresor entonces la niña correría riesgos de movilidad en el torax y en consecuencia su vida e integridad personal estarían comprometidas, al punto de generar posibles escenarios de muerte, lo cual atenta no solamente contra su derecho a la vida, sino en relación a su derecho a la salud pública.

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

Sí.

  • Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos, párrafo 1 del artículo 25
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12
  • Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
  • Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, integridad del texto
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, Artículo XI
  • Carta de la OEA, artículo 45
  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual la Sentencia de Amparo analiza a la luz de criterios jurisprudenciales sentados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual se afirma que no basta con adoptar medida que veden actuaciones discriminatorias, sino además es necesario realizar ajustes razonables (acciones positivas) cuando estos ayudan a superar barreras estructurales contra personas con discapacidad

Jurisprudencia interamericana, a saber, el caso Suárez Peralta vs. Ecuador de donde deriva la invisibilidad del derecho a la salud respecto al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

Por la naturaleza de la sentencia, requiere cumplimiento de tracto sucesivo. Desde hace tres años se realizan actos procesales para que la menor tenga supervisión del médico especialista y realice ajustes. Ello, hasta que la menor requiera el tratamiento médico.

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

Sí. Se apertura un procedimiento de cumplimiento con amplios poderes procesales para el Juez de Amparo.

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