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Radicación. 11001-33-31-003-2007-00186-01. “El derecho al acceso a los servicios públicos está constituído por la capacidad que detentan los miembros de una comunidad de convertirse usuarios o receptores o beneficiarios de aquellas actividades susceptibles de catalogarse como servicios públicos. Ahora bien, no basta con la capacidad de acceso para la prestación de los servicios, sino que además deben los prestadores cumplir con los principios de eficiencia y oportunidad en la prestación, entendiendo, por eficiencia, utilizar y disponer del mejor modo posible los recursos e instrumentos necesarios para cumplir con el servicio propuesto y por oportunidad, una respuesta dada por estas entidades en un plazo razonable que debe tener un usuario cuando requiera de estos servicios, así como la prestación de los mismos”

Parte I: Componente Formal

País: Colombia 

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

El Grupo de Acciones Públicas (GAP) es una clínica jurídica de interés público que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el interés público. El trabajo del Grupo se realiza por medio de casos de la vida real en los cuales los estudiantes que hacen parte de la clínica actúan asumiendo el rol de abogados, materializando así sus conocimientos y experiencia adquirida durante la carrera.

La misión del GAP es promover la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión legal y al mismo tiempo, aportar elementos para la construcción del balance social de la Universidad, para lo cual promueve el uso de los mecanismos de protección de los derechos humanos y el interés público, procurando la protección de los derechos de las comunidades en condición de vulnerabilidad, el acceso a la justicia y la atención de las necesidades legales colectivas del entorno en el cual se desempeñarán sus estudiantes como futuros abogados.

Temática que trabaja

Derechos Humanos e interés público.

Temática de la sentencia: Agua

Identificación:

Radicación. 11001-33-31-003-2007-00186-01. “El derecho al acceso a los servicios públicos está constituído por la capacidad que detentan los miembros de una comunidad de convertirse usuarios o receptores o beneficiarios de aquellas actividades susceptibles de catalogarse como servicios públicos. Ahora bien, no basta con la capacidad de acceso para la prestación de los servicios, sino que además deben los prestadores cumplir con los principios de eficiencia y oportunidad en la prestación, entendiendo, por eficiencia, utilizar y disponer del mejor modo posible los recursos e instrumentos necesarios para cumplir con el servicio propuesto y por oportunidad, una respuesta dada por estas entidades en un plazo razonable que debe tener un usuario cuando requiera de estos servicios, así como la prestación de los mismos”

Fecha de la sentencia

3 de mayo de 2012.

Autoridad que la emite

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Primera. Subsección B.

Derecho objeto de estudio

Goce a un ambiente sano, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y derechos de los consumidores y usuarios.

Enlace a la página oficial

www.urosario.edu.co/acciones-publicas/casos-emblematicos/

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

Dada la problemática por la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios en la localidad de CIudad Bolívar de Bogotá, en el año 2007, líderes comunitarios de varios barrios pertenecientes a la misma decidieron interponer una acción popular por el servicio ineficiente, discontinuo y en ciertos sectores inexistente de acueducto y alcantarillado, y su cobro con base en una inadecuada medición.

Así mismo, por la regular prestación del servicio del aseo, sin dar cumplimiento a las exigencias legales. El caso es conocido desde el año 2009 por el Grupo de Acciones Públicas, debido al acercamiento de los accionantes, entre ellos el señor Dagoberto Bohórquez Forero, a la Clínica Jurídica en búsqueda de asesoría.

Hechos del caso

1. Para el año 2007, la localidad 19 de Ciudad Bolívar y algunos barrios del municipio de Soacha, a saber, vereda Tierra Colorada, Brisas del Volador parte alta, Tabor Alta Loma, Recuerdo Sur parte alta, Alpes, Villa Flor, vereda El Verbenal, Brisas del Volador, La Torre, El Edén, Paraíso, Volador parte alta y El Recuerdo carecían de un servicio de acueducto y alcantarillado adecuado, pero el mismo les era cobrado.

2. En el sector existían dos tanques, específicamente, entre los barrios Alpes y Brisas del Volador. Uno de ellos estaba averiado y, el otro, no tenía la capacidad suficiente para abastecer a la totalidad de los habitantes de estos barrios por fallas en el bombeo.

3. Para la fecha, los barrios tenían unas redes de alcantarillado y algunas redes de abastecimiento de agua, que habían sido instaladas por la misma comunidad. Así mismo, construyeron un tanque propio, pero no contaban con los recursos para su abastecimiento.

4. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (en adelante EAAB) cobraba a los habitantes como ciclo I por la prestación de un servicio eficiente, discontinuo y en ocasiones inexistente, con base en medidores que eran incluso sensibles al paso del aire.

5. La falta del servicio de agua había ocasionado enfermedades infecciosas y problemas sanitarios que afectan principalmente a población vulnerable, tales como población infantil y adultos mayores.

6. La EAAB y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explicaban que la situación se presentaba dada la ilegalidad de los barrios, pero la problemática no era debidamente atendida.

7. Para el año 2007, el servicio de aseo prestado por la Empresa Aseo Capital S.A., no se realizaba puerta a puerta, ni en el número de recorridos que ordenaba Ley.

8. El 31 de julio de 2007, el señor Dagoberto Bohórquez Forero interpuso demanda en ejercicio de la acción popular contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, la Empresa de Aseo Capital S.A. ESP, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional. La demanda fue coadyuvada por varios habitantes de los barrios afectado y el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.

9. El 1 de junio de 2010, el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá profirió sentencia de primera instancia desfavorable para el accionante, en la cual, no se reconoció ninguna de sus pretensiones. Por otro lado, se declaró probada la excepción de falta de legitimación por activa de la Corporación Autónoma Regional y de oficio la excepción de cosa juzgada respecto del barrio Tabor Alta Loma.

10. El 3 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia en la que revocó parcialmente la decisión y accedió a la protección de los derechos a goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna en los barrios: Los Alpes, Bella Flor, Brisas del Volador, La Torre, El Paraíso y Recuerdo Sur. Igualmente, ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y a la EAAB, para que, en coordinación y colaboración con la Gobernación de Cundinamarca y la CAR, en lo relativo a sus competencias, adelantaran la ejecución de las obras ya proyectadas para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en los barrios objeto de protección, para lo cual contarían con el término de un año; y en el mismo término debían adelantar los estudios y diseños técnicos pertinentes para complementar las obras ya programadas, para cuya ejecución contarían con el plazo de un año a partir de la presentación de dichos diseños y estudios técnicos.

11. Desde el 30 de enero de 2013, se integró el Comité de Verificación de la Sentencia que, hasta la fecha, debe hacer seguimiento a la decisión.

12. La EAAB ha cumplido parcialmente las órdenes proferidas, de manera que, actualmente, solo algunos de los barrios cobijados por la sentencia cuentan con la adecuada prestación de los servicios.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

El 31 de julio de 2007 se interpuso acción popular. La pretensión, en términos generales, fue “hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Respecto de la EAAB, se solicitó:

1) ordenar el abastecimiento del servicio de agua de forma continua a todos los barrios de la Localidad 19 de Ciudad Bolívar, por medio de carrotanques;

2) abastecer el tanque construido por la comunidad del barrio El Recuerdo Sur;

3) anular valores facturados por un servicio discontinuo e ineficiente;

4) suspender la facturación por ciclo I a quienes por su ubicación no reciben el servicio, hasta que existiera solución definitiva respecto de la prestación;

5) construir redes provisionales aptas para la conducción del agua y proveer en calidad de arrendamiento micromedidores y

6) ordenar los estudios para brindar una solución definitiva a la problemática de acueducto en la localidad.

Respecto del aseo, se pretendió la suspensión del cobro de valores facturados por servicios no prestados conforme a la ley, asì como acordar una forma de cobro que respondiera a las caracterìsticas geogràficas de los barrios. Se solicitó la intervenciòn de la Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios en el proceso.

Igualmente, se pretendìa que se ordenara a la Alcaldìa solucionar de manera inmediata los problemas demandados por los asentamientos urbanos en la parte alta de la localidad. Se solicitaron estudios para determinar las familias afectadas por alto riesgo y que las mismas fueran incluidas en programas de reasentamiento.

Así mismo, la legalización e incorporación de los barrios que no presentaran riesgo. Se ordenara a la Corporación Autónoma Regional la ejecución de políticas, programas y proyectos sobre medio ambiente y la coordinación de lo referente a la servidumbre del acueducto en las zonas rurales cercanas a Bogotá. El 8 de agosto de 2007, se admitió la demanda y se ordenó notificar a los demandados. Así mismo, se negaron las medidas cautelares solicitadas. Se corrió traslado y en término se recibieron las contestaciones a la demanda.

Se dio traslado oportunamente a las excepciones. El 25 de octubre de 2007, se concedió amparo de pobreza al actor popular. El 10 de junio de 2008, se requirió al actor para que notificara a la comunidad de la existencia de la acción popular. El 9 de diciembre de 2008, la audiencia de pacto de cumpliminto se declaró fallida. En octubre de 2009, el GAP presentó coadyuvancia al proceso. Desde octubre de 2009, se llevaron a cabo diligencias de testimonios.

El 15 de octubre de 2009, se practicó inspección judicial. En mayo de 2010, las partes allegaron alegatos de conclusión. El 1 de junio de 2010, se profirió sentencia en la que se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, de oficio la existencia juzgada respecto del Barrio Tabor Alta Loma y se negaron las pretensiones. En junio de 2010, se impugnó el fallo y el 7 de septiembre de 2010 se concedió el recurso de apelación. El 3 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó parcialmente la decisión, reconociendo una prestación deficiente del servicio de acueducto y alcantarillado, y ordenó la protección de los derechos colectivos en las partes legalizadas.

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

Presentación de una acción popular, la cual tuvo como objeto proteger los derechos colectivos. Luego de coadyuvar la acción y ser las pretensiones denegadas en primera instancia, el GAP se adhirió a la apelación de la misma y explicar cómo sí se vulneraban los derechos. Estrategia medios: Para este proceso se ha utilizado fuertemente la estrategia de medios, buscando el cumplimiento de la sentencia.

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

Jurisdicción contencioso administrativa

¿Cual fue el argumento sustantivo?

1. Es contrario a la Constitución Política de Colombia el considerar que para garantizar y proteger el derecho colectivo a la prestación de servicios públicos es necesaria la existencia de la infraestructura, pues con la acción se busca la construcción de la misma. De lo contrario, quienes estén en una condición económica desfavorable siempre se verán discriminados.

2. Si bien se analiza la situación de legalidad de los barrios, no se analiza si la situación de cobro por la prestación del servicio es eficiente y oportuna.

3. No hubo pronunciamiento de la responsabilidad específica del Distrito Capital frente a los habitantes de Ciudad Bolívar respecto al acceso de servicios públicos de aseo y alcantarillado.

4. La situación de la localidad se ha consolidado y agravado con el tiempo. El material probatorio evidencia que se desarolla desde el 2001.

5. La inspección judicial reveló que no tienen medidores, por lo que no se comprende por qué se cobra una prestación de servicios inexistente.

¿Hubo pruebas, peritajes?

-Documentales: vídeos, fotos, recibos de facturas, informes técnicos. -Inspección judicial. -Testimonios.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

Las normas en las que se basó el fallo de segunda instancia fueron: La ley 472 de 1998, que contiene la naturaleza y objeto de una acción popular, el Código Contencioso Administrativo; el Código de Procedimiento Civil, en lo que se refiere a la adhesión de la apelación; la Constitución Política de Colombia de 1991; La ley 142 de 1994, en lo referente a las competencias de las entidades territoriales en la prestación de servicios públicos.

Los argumentos de la sentencia, se resumen principalmente en: La desvinculación que hace el juez de primera instancia de la Gobernación de Cundinamarca es errónea toda vez que debe entenderse que las entidades territoriales como parte del Estado están llamadas a garantizar a los habitantes la prestación de servicios públicos de conformidad con la ley y con aplicación de los principios de colaboración y subsidiariedad. Todo en virtud de la ley 142 de 1994, que establece que los departamentos tienen obligaciones de coordinación y apoyo en la prestación de los servicios públicos mediante el apoyo financiero, técnico y administrativo a los municipios que lo presten directamente o a las empresas de servicios públicos.

Se ha probado que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a pesar tener a su cargo la obligación de proporcionar de manera adecuada, continúa y eficiente el servicio de alcantarillado ha incumplido con la misma, toda vez que el sistema de alcantarillado es precario, se encuentra en malas condiciones pues no se ha canalizado ni entubado el alcantarillado. De hecho el sistema existente fue construido por la comunidad.

En ese orden de ideas, es evidente que la empresa de Alcantarillado no ha cumplido con la prestación del servicio público bajo los supuestos de eficiencia y oportunidad, pues no sólo no cubre las necesidades de los habitantes, sino que el servicio de alcantarillado es inexistente, estas son razones suficientes para considerar que los derechos colectivos de la comunidad han sido vulnerados y se hace necesario establecer la responsabilidad de cada una de las entidades demandadas y el alcance del mismo.

Respecto de la responsabilidad que recae sobre las entidades demandadas la sentencia establece que: Por directriz jurisprudencial y constitucional, son los municipios los encargados de garantizar y asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios como parte de las finalidades sociales del Estado. En virtud de la ley 142 de 1994, es posible establecer que le corresponde al Distrito Capital asegurar la prestación del servicio de alcantarillado de los barrios o asentamientos de los que ha reconocido su legalidad mediante la expedición de una resolución.

La gobernación de cundinamarca debe realizar las actuaciones tendientes a apoyar al Distrito Capital y a la empresa de Alcantarillado, para garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado en los barrios legalizados. La CAR tiene a su cargo la emisión de los permisos y licencias que sean necesarias para la ejecución de obras toda vez que estas pueden llegar a afectar el medio ambiente.

La responsabilidad anterior según las consideraciones de esta sentencia, solo aplicaría para aquellos asentamientos que se encuentren en situación de legalidad y reconocimiento por parte de la Secretaría del Hábitat, mientras que para los asentamientos no legalizados, si bien es cierto que es un derecho de todos los ciudadanos contar con la prestación efectiva del servicio, también es cierto que la prestación debe darse en condiciones de legalidad, puesto que la posibilidad de su acceso obedece a los principios de planeación, programación y equilibrio presupuestal, que son indispensables para lograr que el Estado pueda cumplir los fines esenciales.

De igual forma, la providencia establece que la acción popular no puede convertirse en un mecanismo de interferencia en la potestad discrecional planificadora de la administración, salvo en los casos en los cuáles la administración incurra en manifiestas arbitrariedades, irracionalidades y de proporcionalidades.

En virtud de lo anterior, debe entenderse que a través de una acción popular no se puede ordenar la inversión de una obra pública de valor considerable que no haya sido incluida en los planes de desarrollo de la entidad pública, pues esto implicaría desviar los recursos destinados a propósitos específicos, desconociendo de esta manera el cumplimiento de los principios de programación, planeación y priorización de la inversión social y del equilibrio presupuestal.

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

“El derecho al acceso a los servicios públicos está constituído por la capacidad que detentan los miembros de una comunidad de convertirse usuarios o receptores o beneficiarios de aquellas actividades susceptibles de catalogarse como servicios públicos. Ahora bien, no basta con la capacidad de acceso para la prestación de los servicios, sino que además deben los prestadores cumplir con los principios de eficiencia y oportunidad en la prestación, entendiendo, por eficiencia, utilizar y disponer del mejor modo posible los recursos e instrumentos necesarios para cumplir con el servicio propuesto y por oportunidad, una respuesta dada por estas entidades en un plazo razonable que debe tener un usuario cuando requiera de estos servicios, así como la prestación de los mismos”.

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

no

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

Parcial. Solo algunos barrios cuentan con la prestación adecuada de los servicios.

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

Sí. Desde el año 2013 se conformó el Comité de Verificación que se encarga de hacer seguimiento al fallo. No obstante, el accionante falleció y no fue reemplazado en el mismo, por lo que la comunidad no ha sido totalmente representada.

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