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Amparo Indirecto. Obligación de aplicar la prueba de interés público con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para la restricción del derecho a la información en temas que pueden afectar al medio ambiente.

Parte I: Componente Formal

País: México 

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Principio 10 Ambiental

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Litigio Ambiental

Temática que trabaja

Acceso a la Información Ambiental

Temática de la sentencia: Medio Ambiente Sano

Identificación:

Amparo Indirecto. Obligación de aplicar la prueba de interés público con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, para la restricción del derecho a la información en temas que pueden afectar al medio ambiente.

Fecha de la sentencia

28 de octubre de 2019.

Autoridad que la emite

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa.

Derecho objeto de estudio

Derecho de Acceso a la Información Ambiental.

Enlace a la página oficial

sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/VerCaptura.aspx?var1=gON+zbEYb5LjEEzIspVIjysCgxU/WJbOC1wKEgsOe0I=

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

El caso nace a raíz de una solicitud de información en materia ambiental, sobre residuos peligrosos en el Estado de Coahuila.

Hechos del caso

En atención a la solicitud de información sobre residuos peligrosos, la SEMARNAT (DGGIMAR) invoco la excepción de secreto industrial ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), quien resuelve la controversia omitiendo realizar la prueba de daño o de interés público.

Al respecto, es importante indicar, que el INAI emitió una resolución que incumplió con el deber de fundamentación motivación y acceso a la justicia al no realizar un análisis en términos de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad a que le obligan las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la información pública, a pesar de que en los agravios se planteó expresamente esta cuestión, la cual además se reiteró en la solicitud de acumulación de los recursos de revisión.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

El acceso a la información sobre los residuos peligros, como regla general. La negativa o clasificación de la información ambiental debe ser la excepción.

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

La estrategia que se plantó para lograr la pretensión fue la ponderación del derecho humano de acceso a la información ambiental, frente al secreto industrial. Los residuos peligrosos no es una categoría protegida.

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

Art. 4 (medio ambiente), 6 (acceso a la información) y 25 (sustentabilidad) de la Constitución. 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

Poder Judicial de la Federación

¿Cual fue el argumento sustantivo?

Omisión en realizar una ponderación de derechos sustantivos (derecho de acceso a la información) vs (secreto industrial). El Juez de Distrito consideró que era un aspecto de legalidad, en la revisión se solicita el pronunciamiento como una ponderación constitucional.

¿Hubo pruebas, peritajes?

No. Pero si se citó a un experto en regulación sobre residuos peligrosos.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

Obligación de aplicar la prueba de interés público con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

Afectación a los artículos 16 y 17 Constitucionales, situación que en el caso específico causó la vulneración al derecho de acceso a la información ambiental. La resolución que se reclama a través del amparo indirecto presentado, es contraria a los derechos de fundamentación y motivación, así como de acceso a la justicia, contenidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) omitió aplicar la prueba de interés público, que consiste en la aplicación del test de proporcionalidad entre derechos sustantivos.

A pesar, de que existe una colisión entre los derechos de acceso a la información, máxima publicidad, a un medio ambiente sano y los diversos derechos de privacidad de información comercial - secreto industrial - y de protección de datos personales, relacionados con solicitudes de información acerca de residuos peligrosos que solicitó al ente obligado.

Al respecto es importante señalar que el deber de motivar las resoluciones en temas ambientales, también se desprende de los artículos 21, 146, 151 y 155 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública; 8, fracciones V y VII, 41 fracción II, 146 y 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sentido, de los artículos se desprende que el INAI tiene como una de sus atribuciones conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal.

Asimismo, dos de los principios rectores que deben observar los organismos garantes del derecho de acceso a la información es el de legalidad y objetividad que obligan a fundar y motivar sus resoluciones en las normas aplicables. Sin embargo estas directrices no fueron aplicados por el INAI al momento de resolver la controversia.

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

No. Pero si se invocó el artículo 11.2 del Protocolo de San Salvador y el artículo 26 de la CADH.

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

Se revocó la decisión del INAI y de SEMARNAT (DGGIMAR), requiriendo efectuar la ponderación como parte de la fundamentación y motivación de la clasificación de información ambiental.

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

Se presentará recurso de revisión

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