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AMPARO EN REVISIÓN 115/2019. Establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una vez alcanzado un cierto grado en la protección del derecho humano a la educación, este no puede disminuirse, sino sostenerse o extenderse. Asimismo, señala que el derecho humano a la educación inicial es reconocido como una deber obligatorio que el Estado Mexicano no solo debe sostenerlo, sino maximizarlo de forma gradual y progresivo. Asimismo, estableció que el derecho a la educación inicial de miembros de poblaciones indígenas debe satisfacer algunas garantías adicionales, tales como una educación: (1) en sus propios idiomas; (2) en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje; y, (3) con un reflejo de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones

Parte I: Componente Formal

País: México 

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Abogado Independiente Sindicalista

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Especialista en materia constitucional y amparo para la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al orden jurídico o bien que sus derechos son vulnerados por cualquier acto, omisión o norma jurídica que les afecte, por lo que se ha impugnado principalmente normas que afectan a los trabajadores de la educación en México como los estudiantes de comunidades indígenas.

Temática que trabaja

Derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas de México y los derechos de los trabajadores de la educación del país.

Temática de la sentencia: Educación

Identificación:

AMPARO EN REVISIÓN 115/2019. Establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una vez alcanzado un cierto grado en la protección del derecho humano a la educación, este no puede disminuirse, sino sostenerse o extenderse. Asimismo, señala que el derecho humano a la educación inicial es reconocido como una deber obligatorio que el Estado Mexicano no solo debe sostenerlo, sino maximizarlo de forma gradual y progresivo. Asimismo, estableció que el derecho a la educación inicial de miembros de poblaciones indígenas debe satisfacer algunas garantías adicionales, tales como una educación: (1) en sus propios idiomas; (2) en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje; y, (3) con un reflejo de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones

Fecha de la sentencia

22 de noviembre del 2019.

Autoridad que la emite

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Derecho objeto de estudio

Educación para niños de 45 días de nacidos a tres años.

Enlace a la página oficial

iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/acceso-al-repositorio

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

Este caso nace a través de un decreto presidencial publicado en el año 2012 que determino que la educación para las comunidades indígenas, rurales, en zonas de alta marginación y muy alta, será mediante un programa que dará educación inicial a los niños de 45 días de nacidos a 3 años que habitan en estas zonas y la educación que otorgaban las secretarias de educación de los estados deberían cerrar este servicio para darle paso a este programa.

Hechos del caso

En el mes de agosto del año 2014, los padres de familia de diversas comunidades del Wstado de Quintana roo en México, fueron reunidos por los maestros y maestras de educación inicial indígena, para comunicarles que ellos abandonarían estas comunidades y se integrarían en el nivel de preescolar también bilingüe, pero en otras comunidades ya que el gobierno del Estado firmo un convenio mediante el cual el Consejo Nacional de Fomento Educativo, se encargaría de la educación de las comunidades indígenas en el Estado Quintana Roo.

Por tal motivo, los padres de familia se incorporaron vía juicio de amparo contra esos actos de autoridad que materialmente quitaban a un maestro bilingüe trabajador de la secretaria de educación pública y a cambio mandaban a jóvenes becarios sin relación laboral con ese programa que tenían una escolaridad de secundaria o preparatoria, para que ellos acudieran a las comunidades a cuidar a los niños de educación inicial de 45 días de nacidos a 3 años y en algunos casos estos promotores educativos no llegaron a las comunidades hasta el día de hoy.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

1. Se presentó un juicio de amparo indirecto, que es el medio de control constitucional, que en México se utiliza para proteger, restituir o bien reconocer un derecho humano que se encuentra de manera explícita e implícita en la constitución y los tratados internacionales, dicho amparo se presentó contra la orden de las autoridades educativas del Estado de Quintan Roo, mediante la cual los maestros de esta secretaria educativa abandonaron las comunidades indígenas mayas.

2. Después de presentada la respuesta a la demanda, en el que la autoridad señalo que la constitución de México no reconocía ese grado de estudios como derecho, pues en el artículo 123 constitucional era reconocido como el derecho de la madre trabajadora a tener un servicio de guardería, por lo que no era obligación del Estado cobertura ese tipo de educación y más tratándose de comunidades indígenas; además fundo su acto en un decreto de fecha 22 de marzo del 2012 firmado por el entonces presidente de la república Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. LO QUE MOTIVO LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.

3. La demanda de amparo ampliada, verso sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto por el que se creaba y fortalecía este programa educativo para los pueblos indígenas de México; por lo que se pidió la interpretación sistemática del artículo 1,2,3 y 4 de la constitución política mexicana, para que se reconozca primero el derecho a la educación inicial para los niños de cuarenta y cinco días de nacidos a tres años en México, como el parámetro mínimo de la educación que el Estado mexicano debe reconocer, que el decreto al crear un programa educativo que tiene implicaciones en las conocimientos que deben adquirir los niños en su lengua maya, que tipos de conocimientos ancestrales deben adquirir, la cosmovisión con la que deben ser educados, las autoridades educativas y los mecanismos o bien metodologías que se utilizarían para ello; por ultimo cuando se creó este decreto no se observó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas ni mucho menos la auto determinación para sus autoridades educativas, como lo establece el artículo 27 del convenio 169 de la organización internacional del trabajo.

4. Este juicio de amparo fue resulto por un juez de distrito pero como se señaló que subsistían las cuestiones de constitucionalidad que no son facultades de estos jueces conocer, se interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de la cual por competencia le corresponde a un tribunal colegiado de circuito quien señalo que este asunto por ser de importancia y trascendencia para el país debía ejercer su facultad originaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien atrajo el caso y resolvió que efectivamente se reconoce el derecho a la educación inicial de los niños, que tratándose de grupos indígenas si se vulnero el derecho a la consulta y auto determinación educativa a la cual todas las autoridades están vinculadas antes de emitir un acto o norma general que afecten a los pueblos indígenas y que efectivamente cuando el Estado reconoce un derecho no puede quitarlos sino debe garantizarlo y ampliarlo por lo que debe observarse el principio de agresividad para que las comunidades indígenas tengan acceso a este derecho a la educación inicial indígena.

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

1. El juicio de amparo ya no lo presentaron los maestros aunque estos actos traían afectaciones a sus derechos laborales cuando les cambiaron el régimen laboral al mandarlos a educación preescolar, pues recientemente se había publicado la reforma educativa que obligaba a los docentes a presentar una evaluación para que permanecieran en el servicio, la cual de no acreditarla serian cesados.

2. Debido a que, de seguir en el nivel de educación inicial, la reforma no podía ser aplicada a los maestros y maestras pues sus relaciones laborales se regían por el artículo 123 constitucional que tiene como eje rector la protección de la estabilidad en el empleo por lo que no podría aplicarse ninguna evaluación que afecte su permanencia en el servicio.

3. Con esto se evitó que los maestros fueran cesados y en este caso si tenga el Estado mexicano una justificación hasta cierto punto proporcional para cambiar de maestros y quitarlo, pero por otra parte se logró definir con la demanda de los padres de familia a nombre y representación de sus hijos, que las relaciones laborales de los trabajadores de educación inicial bilingües no repercutan en el derecho a la educación de los niños que se definió como el mínimo de protección de sus derechos a la educación en México, así como se definió que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a definir sus propios sistemas educativos, los programas educativos, los métodos de enseñanza mediante su lengua y transmitir su conocimientos ancestrales, circunstancia que no existía en el Estado de México.

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 2, 3 y 4. Artículo 27 del convenio 169 de la OIT entre otros instrumentos internacionales.

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

Juzgados del poder judicial de la federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cual fue el argumento sustantivo?

1.- En México no se encontraba reconocido el parámetro mínimo de la educación solo el máximo que es la educación superior o licenciatura como derecho humano, pero el mínimo no estaba definido solo hasta preescolar que es un nivel más arriba de la educación inicial por lo que era necesario reconocer este derecho como el mínimo en México del derecho a la educación que tiene una persona en este país.

2.- Que la educación inicial en México no estaba definida como una modalidad indígena que partiera del contexto local de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y que sea construido por ellos mediante la consulta y la auto determinación educativa.

3.- Que el decreto por el que se creó ese programa debe ser declarado inconstitucional pues no respetaron el parámetro de la consulta y la autodeterminación de los pueblos indígenas cuando una norma general afecte sus derechos.

¿Hubo pruebas, peritajes?

Se pretendía una visita a las comunidades, pero solo se exhibió el decreto y los convenios de las autoridades.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

Artículo 1,2,3 y 4 de la Constitución Política de México y el artículo 27 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

Para analizar el contenido y estructura del derecho humano a la educación inicial de niños que forman parte de poblaciones indígenas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un análisis metodológico sobre: a) La doctrina constitucional de los derechos sociales; b) la doctrina constitucional sobre el derecho humano a la educación; c) la doctrina constitucional sobre los derechos de los niños; d) el estándar de protección del derecho a la educación como parte de la esfera de lo indecidible; y, e) el derecho humano a la educación inicial de los miembros de las comunidades indígenas.

En este sentido, el Tribunal entendió que el derecho humano a la educación inicial es reconocido como una deber obligatorio que el Estado Mexicano no solo debe sostenerlo, sino maximizarlo de forma gradual y progresivo. Asimismo, estableció que el derecho a la educación inicial de miembros de poblaciones indígenas debe satisfacer algunas garantías adicionales, tales como una educación: (1) en sus propios idiomas; (2) en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje; y, (3) con un reflejo de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones.

A su vez, también indicó que el derecho a la educación de menores de edad que forman parte de una comunidad indígena esta reforzada, puesto que el Estado tiene una obligación en función a su minoría, por tal motivo, debe de difinir y desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la Primera Sala determinó que existió una afectación negativa del derecho humano a la educación inicial, puesto que la materialización de los convenios con el CONAFE para impartir educación se constituyó en un acto que restringió sustancialmente el ejercicio de este derecho, ya que tales convenios coadyuvaron a que la educación inicial de miembros de comunidades indígenas se realicen a través de personas que no estaban debidamente capacitadas, debido a que no se contaron con las garantías reforzadas necesarias para cumplir con el estándar de educación inicial de miembros de comunidades indígenas, toda vez, que nunca se realizó un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente aceptada para la implementación de dichos convenios.

Finalmente, en esta sentencia se reconoció el parámetro mínimo de la educación en México, que define la educación para pueblos indígenas que debe ser construida por ellos, como sus planes y programas de estudio, sus métodos para transmitirlos como las autoridades educativas.

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

Para fundamentar el derecho humano a la educación inicial la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó:

1) artículo 19 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

2) artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

3) artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4) jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5) se aplicó el articulo 27 del convenio 169 de la organización internacional del trabajo.

6) diversas normas del Sistema Universal de Derechos Humanos.

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

Está en proceso de ejecución.

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

Si, en caso de incumplimiento hay un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo como la denuncia por repetición del acto reclamado el cual constituye un tipo penal especial.

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