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Expediente 1126-2011-PH/TC, Madre de Dios. Juana Griselda Payaba Cachique.

Parte I: Componente Formal

País: Perú

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad- IIDS

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad- IIDS/International Institute on Law and Society- IILS es una Asociación Civil sin fines de lucro que funciona desde el año 2000 y está inscrita en los Registros Públicos de la ciudad de Lima, Perú, desde el 18 de abril de 2002 (Partida Registral N.° 11402962). Cuenta con miembros tanto nacionales como extranjeros, los cuales cuentan con largas experiencias en investigación, docencia e incidencia en cambios sociales e institucionales

Temática que trabaja

El IIDS tiene como objeto institucional “Desarrollar los temas de Estado, derecho, cultura y sociedad, con el objeto de promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la multiculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas; el pluralismo jurídico, la reforma judicial y penal, los medios alternativos de solución de conflictos; la democracia, la justicia social y los derechos de los grupos vulnerables, el diálogo intercultural, los derechos de la mujer y la equidad de géneros; los derechos de niños y jóvenes y el intercambio intergeneracional; el desarrollo humano sostenible y un medioambiente sano; una cultura de paz; el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana; la construcción de un modelo de Estado social, pluricultural democrático de derecho; la reforma institucional y legal; el desarrollo de relaciones internas e internacionales respetuosas, equitativas y solidarias; y, la atención preferente de problemas y asuntos latinoamericanos en diálogo con el mundo” .

Temática de la sentencia: Pueblos Indígenas

Identificación:

Expediente 1126-2011-PH/TC, Madre de Dios. Juana Griselda Payaba Cachique.

Fecha de la sentencia

La sentencia del caso de la Comunidad Tres Islas fue emitida el 11/09/12 por el Tribunal Constitucional del Perú y publicada el 24/09/2012

Autoridad que la emite

Tribunal Constitucional del Perú.

Derecho objeto de estudio

El Tribunal Constitucional desarrolló y precisó los alcances del derecho a la propiedad territorial y la autonomía con base en la autodeterminación de los pueblos indígenas. Esto a partir del análisis de los artículos 88 y 89 de la Constitución Política del Perú; los artículos 7, 13, 14 y 18 del Convenio 169 de la OIT; la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (principalmente la emitida en el Caso Yakye Axa vs Paraguay).

Enlace a la página oficial

www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.html

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

La Comunidad Nativa Tres Islas está conformada por descendientes de los pueblos indígenas Shipibo y Ese´Eja, ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios. La CNTI cuenta con reconocimiento oficial por parte del Estado peruano, inscrito ante el Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativa (Dirección Subregional de Agricultura – Madre de Dios).

También cuenta con Título de Propiedad N° 538 otorgado por el Ministerio de Cultura desde el 24 de junio de 1994, que reconoce su territorio (31,423 hectáreas). Desde hace unos años, la Comunidad sufre la intrusión no autorizada de terceros que realizan diversas actividades ilegales a su interior, tales como tala ilegal de madera, minería ilegal, tráfico ilegal de combustible y otros insumos, trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil, entre otras, las cuales afectan significativamente su integridad física, biológica, cultural y espiritual. Los mineros comenzaron a ingresar en el territorio comunal debido al otorgamiento inconsulto de aproximadamente 150 concesiones mineras dentro del territorio comunal.

La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) del Gobierno Regional de Madre de Dios ha entregado concesiones a terceros que abarcan casi dos tercios del territorio comunal. Para realizar la actividad minera, el Estado también ha otorgado licencias de agua sin consulta ni consentimiento de la Comunidad, entre otras autorizaciones. A raíz de ello empezaron a ingresar cientos de mineros, taladores y transportistas y otros (todos terceros). El Estado peruano no ha consultado ni ha obtenido el consentimiento de la misma antes de otorgar dichas concesiones. También, el Gobierno Regional de Madre de Dios ha adjudicado predios agrícolas, y la Autoridad Nacional del Agua ha otorgado autorizaciones para el uso de agua, lo que produce el ingreso de terceros al territorio de la comunidad sin su autorización.

Los problemas más graves son la destrucción de los bosques y la contaminación del agua, el aire y el suelo con sustancias tóxicas como el mercurio (y los consecuentes problemas de salud pública que dicha contaminación conlleva). Para contrarrestar el problema, en el 2010, la Comunidad, a través de la asamblea general, su órgano máximo de decisión, emprendió la construcción una caseta de control y una tranquera dentro de su propiedad territorial, para controlar el ingreso no autorizado de terceros.

Hechos del caso

Como consecuencia de la construcción de la tranquera y la casa comunal dentro de su territorio comunal, las empresas de transporte “Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL” y once personas (entre transportistas y mineros), en desacato de la decisión jurisdiccional de la Comunidad, presentaron un Hábeas Corpus ante el Primer Juzgado Penal de Investigación por presunta afectación libertad de tránsito (9/08/2010), contra su entonces presidenta Juana Payaba Cachique; el cual fue admitido a trámite el mismo día. A su vez, denunciaron penalmente a las autoridades de la Comunidad ante la Fiscalía por obstruir las vías, ello a pesar que la trocha comunal por donde ingresaban no es una vía pública.

El Poder Judicial de Madre de Dios resolvió el Hábeas Corpus con la celeridad que manda la ley. Sobre el fondo, el Juzgado (12/08/2010) y, luego, la Sala de Apelaciones (25/08/2010) ampararon a los demandantes en todas las instancias del proceso, sin tener en cuenta los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución ni los derechos internacionales de los pueblos indígenas. Como resultado de este proceso, el 21/09/2010 el Poder Judicial de Madre de Dios ordenó el retiro de la casa de control y tranquera que la Comunidad había construido para protegerse de la intrusión de terceros; que se persiga penalmente a los directivos de la Comunidad por el delito de obstrucción de vías, y que la comunidad “respete las leyes” y permita el ingreso de todo peruano en su territorio Criminalización de dirigentes de la Junta Directiva de la Comunidad: Con base en la denuncia de los transportistas y la orden judicial del Habeas Corpus, la Fiscalía abrió proceso penal contra la entonces Presidenta, Juana Payaba Cachique, y todos los miembros de la Junta Directiva de la Comunidad, Sergio Perea (actual presidente de la Comunidad), entre otros, pidiendo 6 años de prisión efectiva para ellos, por supuestamente haber obstruido una vía pública.

Además, dado que había una orden judicial de dejar ingresar a toda persona, cualquier miembro de la comunidad que intentaba impedir el ingreso de terceros, era pasible de ser detenido por desacato a la autoridad y enfrentar un proceso penal, por lo que ya no podían defender su territorio sin riesgo de ir presos. Habeas corpus contra habeas corpus: Contra esta resolución del Habeas Corpus, el 13/11/2010, la Comunidad Nativa interpuso otra acción de Habeas Corpus contra los Vocales que emitieron la resolución de segunda instancia, el Juez que emitió la resolución de primera instancia y los fiscales que abrieron investigación por los delitos de Extorsión y otros, a pesar de no tener jurisdicción dentro del territorio de la Comunidad Nativa Tres Islas.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

La Comunidad solicitó el cese de la persecución arbitraria a los dirigentes y a la Comunidad en la medida que la decisión comunal de construir la casa comunal y la tranquera fue tomada para controlar la intrusión no autorizado de terceros que están vulnerando la integridad territorial, física y biológica de los pueblos indígenas Shipibo y Ese´Eja.

Por lo tanto, que el Poder Judicial ordenó principalmente la nulidad de la sentencia de Habeas Corpus (Exp. 624-2010) presentado por las empresas de transportes “Los Mineros” y “Los Pioneros”; el archivo definitivo del proceso penal arbitrario en contra de sus autoridades indígenas; el cese de la violación a su domicilio colectivo y la restitución de la tranquera y casa comunal; restituya la autoridad y autonomía organizativa, territorial, administrativa y jurisdiccional dentro del territorio de la Comunidad.

El Hábeas Corpus de la Comunidad fue presentado ante el Primer Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Madre de Dios (CSMD), el 13/11/10, pero fue declarado improcedente. Luego, la Comunidad apeló y la Sala Penal Superior declaró nula la decisión del primer juzgado, por lo que el caso volvió nuevamente a primera instancia.

Sin embargo, el Juez de primera instancia y la Sala volvieron a declararla improcedente. Frente a ello, la Comunidad, el 24/02/2011, presentó un recurso de agravio constitucional, el cual fue admitido, y el expediente llegó al Tribunal Constitucional, con fecha 04/03/2011. El Tribunal Constitucional emitió su sentencia el 21/09/2012 y publicada el 25/09/2012, declarando fundada la demanda.

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

La sentencia es resultado de la persistencia y lucha de la Comunidad Nativa Tres Islas, con base en una estrategia de litigio que comprende:

(i) el fortalecimiento del sujeto colectivo de derechos,

(ii) una estrategia jurídica fundada en el derecho constitucional e internacional,

(iii) una estrategia educativo-comunicativa,

(iv)una estrategia de alianzas y

(v) un plan de contingencia frente a posibles riesgos y amenazas.

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

En los artículos 88, 89,149 y 191 de la Constitución Política del Perú; los artículos 6, 7, inciso 2 artículo 8, 13 y 18 del Convenio 169 de la OIT; el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 21 de la Convención Americana; y, el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

Al inicio la Comunidad presentó la demanda ante el Poder Judicial de Madre de Dios y, luego, al Tribunal Constitucional del Perú.

¿Cual fue el argumento sustantivo?

La Comunidad Nativa Tres Islas como pueblo indígena tiene funciones jurisdiccionales según el artículo 149 de la Constitución Política del Perú de 1993, el cual debe ser acatado por las autoridades de la justicia ordinaria. Este es el caso, la decisión de la Asamblea de la Comunidad Nativa Tres Islas para evitar la intrusión no autorizada de terceros, con el objetivo de proteger su territorio y sus derechos de la Comunidad y de sus futuras generaciones.

Ahora bien, al tomar la decisión jurisdiccional de acuerdo a su derecho propio, las autoridades indígenas no cometen delito de obstrucción del libre tránsito ni algún otro delito. Por lo tanto, al no tratarse de delito, la persecución y criminalización que sufrieron sus autoridades fue arbitraria e inconstitucional, y vulnera los derechos colectivos de la Comunidad.

¿Hubo pruebas, peritajes?

No hubo peritajes, pero si alrededor de 25 pruebas que la defensa legal de la Comunidad incorporó en el proceso constitucional. Entre estas:

(1)el acta comunal mediante el cual la Comunidad tomó la decisión jurisdiccional de construir la casa comunal y tranquera,

(2) el video donde el juez ejecutor se constituyó a la propiedad territorial de la Comunidad y ordenó la destrucción de la casa comunal y tranquera,

(3) el título de la propiedad de la Comunidad y

(4) su reconocimiento como comunidad nativa,

(5) fotos que demostraban la destrucción del territorio de la Comunidad, debido a la presencia de los mineros ilegales y taladores.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

El Tribunal Constitucional, para emitir una sentencia favorable, tomó como base la Constitución Política del Perú, el artículo 89 que reconoce el derecho de la autonomía. Esta sentencia precisa que los derechos de los pueblos indígenas tienen como sustento en el derecho a la autodeterminación de los pueblos reconocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas (párrafo 23 de la Sentencia).

Asimismo, el Tribunal Constitucional aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar la Constitución. Esto, al interpretar el concepto de tierras a la luz de los avances de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia se basa en el Caso Yakye Axa vs. Paraguay, que establece que los “recursos naturales” que son necesarios para la supervivencia de los pueblos se deben comprender como parte de la propiedad.

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

Si, en esta sentencia el Tribunal Constitucional, por primera vez, desarrolla propiamente el contenido y alcances del derecho colectivo a la autonomía comunal reconocida en la Constitución Política del Perú (artículo 89) y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículos 3 y 4).

Asimismo, el Tribunal Constitucional en esta sentencia precisa que, si bien en los artículos 88 y 89 de la Constitución se utiliza el término “tierras comunales”, debe interpretarse a la luz del artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece que se debe “incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad de hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera” (Sentencia, párrafo 22).

También constituye un avance que la sentencia distinga entre el concepto civil de propiedad y el concepto de territorio de acuerdo a los derechos de los pueblos indígenas. Esto al señalar que el propietario, según el derecho civil, puede ejercer los derechos de poseer, usufructuar, vender y reivindicar, y está protegido en el artículo 70 de la Constitución, además de todas estas atribuciones, en el caso de los pueblos indígenas, el Tribunal precisa que los pueblos indígenas tienen un vínculo especial, material e incluso espiritual, entre los pueblos y los territorios donde viven.

Otra diferencia es la dimensión política de autoridad o autogobierno que tienen los pueblos indígenas dentro de sus territorios, lo que los distingue de cualquier asociación civil regula por el derecho civil (párrafo 22 de la Sentencia).

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

En efecto, el Tribunal Constitucional en su sentencia utiliza varias disposiciones del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer su línea argumentativa. Como por ejemplo, la sentencia recoge lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el territorio de los pueblos indígenas incluyendo los recursos naturales que son necesarios para la supervivencia de los pueblos, como lo establece el caso Yakye Axa vs. Paraguay.

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

A la fecha existe un cumplimiento parcial de la sentencia. Esto, en la medida que si bien el Tribunal Constitucional, en el 2012, declaró fundada la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho a la propiedad de la tierra comunal y del derecho a la autonomía; así como ordenó a la Sala emita una nueva resolución conforme a los fundamentos de su sentencia, y ordenó que cesen los actos de violación del territorio de la propiedad comunal y la autonomía de la Comunidad Nativa Tres Islas, hasta la fecha los mineros y taladores ilegales siguen dentro del territorio de la Comunidad no habiéndose cumplido con la reposición de la casa y tranquera comunal.

Por su parte, la Policía y la Fiscalía tampoco ha retirado a los terceros, quienes alegan tener concesiones mineras. Debido a este incumplimiento, la Comunidad por segunda vez ha presentado un recurso per saltum para que el Tribunal Constitucional resuelva este caso.

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

A la fecha no existe un mecanismo de seguimiento efectivo por parte de las diversas instancias jurisdiccionales involucradas ni por parte del Tribunal Constitucional de Perú.

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