Back Print

Expediente N.° 00675-2017-0-2701-JM-CI-01, Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, el Caso de la Comunidad Nativa Tres Islas sobre nulidad de concesiones mineras y otras autorizaciones, Madre de Dios, Perú.

Parte I: Componente Formal

País: Perú

Nombre de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

Instituto Internacional de Derecho y Sociedad- IIDS

Descripción breve de la ONG, Institución, Clínica Jurídica, Bufete, Abogado Particular, Otros.

El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad- IIDS/ International Institute on Law and Society- IILS es una Asociación Civil sin fines de lucro que funciona desde el año 2000 y está inscrita en los Registros Públicos de la ciudad de Lima, Perú, desde el 18 de abril de 2002 (partida número 11402962). Cuenta con miembros nacionales y extranjeros, con larga experiencia en investigación, docencia e incidencia en cambios sociales e institucionales.

Temática que trabaja

El IIDS tiene como objeto institucional “Desarrollar los temas de Estado, derecho, cultura y sociedad, con el objeto de promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la multiculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas; el pluralismo jurídico, la reforma judicial y penal, los medios alternativos de solución de conflictos; la democracia, la justicia social y los derechos de los grupos vulnerables, el diálogo intercultural, los derechos de la mujer y la equidad de géneros; los derechos de niños y jóvenes, y el intercambio intergeneracional; el desarrollo humano sostenible y un medioambiente sano; una cultura de paz; el fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana; la construcción de un modelo de Estado social, pluricultural democrático de derecho; la reforma institucional y legal; el desarrollo de relaciones internas e internacionales respetuosas, equitativas y solidarias, y, la atención preferente de problemas y asuntos latinoamericanos, en diálogo con el mundo.”

Temática de la sentencia: Pueblos Indígenas

Identificación:

Expediente N.° 00675-2017-0-2701-JM-CI-01, Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, el Caso de la Comunidad Nativa Tres Islas sobre nulidad de concesiones mineras y otras autorizaciones, Madre de Dios, Perú.

Fecha de la sentencia

La sentencia (resolución N.° 20) fue emitida el 11.12.2018 por el Juzgado Civil Transitorio de Tambopata (Madre de Dios) y confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, mediante Sentencia de Vista (resolución N.° 28) el 27.02.2019.

Autoridad que la emite

La sentencia fue emita por el Juez del Juzgado Civil Transitorio de Tambopata (Madre de Dios), y confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

Derecho objeto de estudio

Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas vinculado al derecho a la propiedad territorial indígena, autonomía, el derecho a la vida y la integridad colectiva, el agua y el derecho a definir las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas.

Enlace a la página oficial

cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

En caso de no existir una página oficial, puede ver el documento en el siguiente enlace:

Ver o descargar sentencia

Parte II: Antecedentes del Caso

¿Como nace el caso?

En el 2012, la Comunidad Nativa Tres Islas ganó una sentencia ante el Tribunal Constitucional que ordena “el cese de la violación a la autonomía y la propiedad territorial” de la Comunidad con relación al ingreso de taladores y mineros ilegales. Sin embargo, las autoridades judiciales, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y las autoridades administrativas no disponían la expulsión de los mineros ilegales, alegando que los mismos tenían “concesiones mineras”, “derechos de agua” o “adjudicaciones de terrenos” otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Autoridad del Agua o el Gobierno Regional de Madre de Dios, respectivamente. Por lo tanto, la Comunidad se vio obligada a iniciar, nuevamente, el largo y costoso camino de un proceso judicial de amparo, luego de agotar la vía administrativa, para que el juez constitucional declare la nulidad de tales actos administrativos (concesiones, derechos de agua y adjudicación de predios agrícolas) por haber sido otorgados en violación de la consulta previa, entre otros derechos.

Hechos del caso

1. La Comunidad Nativa “Tres Islas” (la Comunidad) está conformada por los pueblos indígenas Shipibo y Ese’Eja, de las familias lingüísticas Pano y Tacana, y se encuentra ubicada en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, Perú. La Comunidad tiene reconocimiento oficial inscrito en el Registro Nacional Desconcentrado de Comunidades Nativa, a cargo de la Dirección Subregional de Agricultura – Madre de Dios y cuenta con un Título de Propiedad N° 538 otorgado por el Ministerio de Cultura, mediante Resolución N° 087/MA-DSRA-MD-RI, de fecha 24 de junio de 1994, por una extensión superficial de 31,423 Has. 71 m2.

2. El territorio de la Comunidad que posee ancestralmente y que usa, ocupa y utiliza se encuentra ubicado en una zona de bosques tropicales húmedos y es el hábitat natural de la Comunidad. La Comunidad basa su subsistencia en las plantas, frutos y animales del bosque y de los peces del río de Madre de Dios, que bordea y atraviesa su territorio. También realiza actividades de silvicultura, pesca y recolección de castaña, entre otras.

3. Sobre concesiones mineras dentro del territorio de la Comunidad. Dado que la Comunidad Nativa Tres Islas nunca fue consultada por el Gobierno Regional de Madre de Dios antes del otorgamiento de las concesiones mineras que se superponen en su territorio, luego de ganar la Sentencia recaída en el Expediente N° 0112-2011-HC/TC, que ordena “que cesen los actos de violación del territorio de la propiedad comunal y de autonomía de la Comunidad Nativa Tres Islas”, solicitó a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH) del Gobierno Regional de Madre de Dios que declaré la nulidad de las concesiones mineras que contravienen el derecho a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, que el Gobierno Regional de Madre de Dios no otorgue nuevas concesiones dentro de su territorio sin consulta y consentimiento previo, libre e informado de la Comunidad, ni renueve la vigencia de las concesiones ya otorgadas.

4. La Comunidad dio cuenta a la DREMH, en la solicitud mencionada, de los graves impactos de la actividad minera en la deforestación de bosques y degradación de suelos de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, adjuntando el Informe Técnico Preliminar “Diagnóstico de la declaración ambiental por la minería aurífera en la Comunidad Nativa “Tres Islas”, realizado por el equipo técnico del Consorcio Madre de Dios UF/MDD del 18 de julio del 2013, enmarcado en el proyecto “Iniciativa para la conversación de la Amazonía Andina – ICAA”.

5. La Comunidad también informó a la DREMH que las actividades mineras realizadas dentro del territorio de la Comunidad habían causado contaminación con mercurio en niveles superiores a los admisibles en el ser humano, para lo cual adjuntó el estudio realizado por el Department of Global Ecology of Carnegie Institution for Sciencie de la Universidad de Stanford, a través del Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project – CAMEP. En dicho informe se encontró que los niveles de concentración de mercurio en peces y en personas, en las comunidades nativas del departamento de Madre de Dios, supera el valor de referencia para el cabello. Esta contaminación afecta principalmente a grupos vulnerables como mujeres en edad fértil, pues el mercurio puede pasar al feto en desarrollo y causar problemas neurológicos en los niños, lo que afectaría la subsistencia misma de la Comunidad. En dicha solicitud, la Comunidad adjuntó los resultados de los estudios realizados a miembros de la CNTI en muestras de cabello por el Department of Global Ecology of Carnegie Institution for Sciencie de la Universidad de Stanford, los cuales determinaron que el promedio de mercurio en la Comunidad era de 6 ppm, cuando el máximo admisible en el ser humano es de 1 ppm.

6. Sobre los predios agrícolas. A raíz del conflicto suscitado con varios mineros que alegaban ser titulares de predios agrícolas, la Comunidad solicitó información a todas las instituciones correspondientes, y luego de mucha persistencia, el Gobierno Regional de Madre de Dios le informó de la existencia de 11 predios agrícolas dentro de su territorio, los que habrían sido establecidos de forma irregular después del otorgamiento del título de propiedad de la Comunidad, de lo cual la Comunidad no estaba informada. Luego de ello, el 10.02.2017, la Comunidad solicitó la nulidad de los actos administrativos de adjudicación de predios agrícolas otorgados dentro de su propiedad territorial por vulnerar su derecho a la propiedad territorial.

7. Sobre las autorizaciones de agua. Dado que la Comunidad veía ingresar a terceros mineros que decían tener derechos de agua, otorgados por la autoridad del agua dentro de su propiedad territorial, presentó solicitudes de información, pues nunca había sido informada, notificada o consultada al respecto. Luego de conocer las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional de Agua, la Comunidad solicitó a esta entidad administrativa la nulidad de dichas autorizaciones. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Agua se negó a anular dichas autorizaciones, alegando que se había cumplido la ley.

8. Una vez agotada la vía administrativa ante el Gobierno Regional de Madre de Dios y la Autoridad Nacional del Agua, la Comunidad presentó la demanda de amparo ante el Juez del Juzgado Civil Transitorio de Tambopata (Madre de Dios).

9. En un inicio la demanda fue declarada improcedente, por lo que la defensa legal apeló a la Sala del Poder Judicial de Madre de Dios. La Sala, luego de escuchar a las partes y la defensa legal, ordenó al Juez de primera instancia admitir la demanda. Es así que, el expediente fue remitido a otro juez, quien con mejor criterio admitió y declaró fundada en parte la demanda presentada por la Comunidad.

Parte III: Componente Procedimental

Relato del procedimiento jurídico: partiendo de conocer cuál fue la pretensión

La defensa de la Comunidad solicitó que el Juez :

(i) Declare el vicio de nulidad de pleno derecho de todos los actos administrativos que, inconsultamente, otorgan concesiones mineras a terceros dentro del territorio de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, y de los actos administrativos subsecuentes como ampliaciones, extensiones, vigencias y otros vinculados.

(ii) Declare el vicio de nulidad de pleno derecho de los predios agrícolas adjudicados a terceros dentro del territorio de la Comunidad, así como de las autorizaciones de agua otorgadas por la Autoridad Nacional de Agua;

(iii) Ordene el cese de todas las actividades derivadas o vinculadas a las concesiones mineras, adjudicaciones de predios y cualquier otra licencia u autorización estatal otorgada sin consulta previa a la Comunidad.

(iv) Ordene el apoyo de la fuerza pública para el cumplimiento de la decisión comunal de expulsión de todos los terceros, concesionarios o adjudicatarios que han ingresado sin autorización de la Comunidad y que vienen contaminando y destruyendo el territorio, y amenazando a la Comunidad, sus autoridades y defensoras y ordene la restitución de cosas al estado anterior a la violación y, en consecuencia, la descontaminación de aguas, aire y suelos ;la reparación de suelos, recursos destruidos, y de todo el hábitat afectado ;a recuperación de la salud integral afectada a raíz de las actividades materia de esta acción; y la provisión de fuentes de agua y alimentación seguras mientras se garantiza la recuperación plena de todo el hábitat.

¿Qué estrategia se intentó para lograr la pretensión?

La defensa legal aplicó una estrategia de litigio con base en los más altos estándares del derecho internacional, que comprende:

(i) el fortalecimiento del sujeto colectivo de derechos,

(ii) una estrategia jurídica fundada en el derecho constitucional e internacional,

(iii) una estrategia educativo-comunicativa,

(iv) una estrategia de alianzas y

(v) un plan de contingencia frente a posibles riesgos y amenazas.

¿Basados en qué norma se intentaba lograr la pretensión?

La demanda fue sustentada a partir de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como: Los artículos 2.1° -derecho a la vida e integridad, 2.19° -derecho a la identidad étnica y cultural-, 7° -derecho a la salud-, 88° y 89° - derecho a la propiedad territorial, personalidad jurídica y autonomía-, 149° -derecho a la autonomía jurisdiccional- de la Constitución Política del Perú; los artículos 5°, 6°, 7°, 12°, 13°, 14°y 15° del Convenio N° 169 de la OIT y los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 18°, 19°, 20°, 25°, 26°, 28°, 29°, 32° de la Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas -derecho a la participación, derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, derecho a determinar su propia forma de desarrollo, derecho a la salud, derecho a los recursos naturales existentes en su territorio, derecho a la libre determinación-, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Saramaka versus Surinam y otros) ; y la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el caso de la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios - Expediente N° 01126-2011-HC/TC-.

¿Ante cual jurisdicción? (Preferentemente por la vía ordinaria)

La Comunidad presentó la demanda de amparo ante el Juez del Primer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios- Sede Tambopata (Madre de Dios, Perú), quien emitió una sentencia favorable en parte. Dicha sentencia fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

¿Cual fue el argumento sustantivo?

En la medida que los terceros y mineros ilegales continuaban ingresando a la propiedad del territorio de la Comunidad alegando tener concesiones mineras, predios agrícolas y autorizaciones de agua, la Comunidad demandó la nulidad de todas estas autorizaciones. Estas autorizaciones nunca fueron consultadas por el Gobierno Regional de Madre Dios ni la Autoridad Nacional de Agua. Lo más grave es que estas concesiones y autorizaciones son la causa de la destrucción y contaminación de su territorio, la afectación de la salud (como por ejemplo la contaminación por mercurio crónico) la falta de agua y alimentación segura.

¿Hubo pruebas, peritajes?

En el presente proceso la Comunidad presentó pruebas como informes de la Dirección de Salud del Gobierno Regional y la Universidad de Duke que demostraba la afectación a la salud de miembros de la Comunidad, incluso niños, que estaban contaminados con mercurio por el consumo de pescado. Asimismo, la Comunidad adjuntó como medio de prueba un informe sobre la destrucción de territorio de la Comunidad debido a las actividades mineras realizadas por los terceros, entre otras pruebas.

Parte IV: Acerca de la Sentencia

¿Sobre cuáles normas y argumentos se basó la sentencia?

La sentencia realiza un análisis a partir de los derechos que reconoce la Constitución Política del Perú, los artículo 2.19, 88 y 89; el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Sarayaku versus Ecuador), la Sentencia de la Comunidad Nativa Tres Islas sobre autonomía y propiedad del Tribunal Constitucional del Perú, y la medida cautelar MC- 113-2016, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tomando como base las normas antes mencionadas, la Sentencia precisa que la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas no es a partir de la Ley y el Reglamento de consulta previa (2012), sino que la obligación de consultar es anterior a la Ley de consulta previa.

Por lo tanto, esta sentencia no se basa en la Ley sino en el derecho internacional. Y, para estos efectos, cita la sentencia del caso Sarayaku vs. Ecuador, que establece que el derecho a la consulta previa es un principio del derecho y una “garantía fundamental”. La Sentencia también establece, en cuanto a los efectos de la falta de consulta previa, que dicha omisión da lugar a que los actos administrativos emitidos por las entidades administrativas sean nulos de pleno derecho porque no ha tenido en consideración las características del derecho a la consulta previa (Ver la Sentencia, IV. Análisis del caso y solución de problema).

¿Hay un desarrollo del derecho en cuestión en el contenido de la resolución?

Si, el Juez desarrolla el derecho a la consulta previa de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Esto al establecer las características del derecho a la consulta, la cual debe ser de carácter previo, de buena fe y finalidad de llega a un acuerdo, ser una consulta adecuada y accesible, que el Estado realice estudios de impacto ambiental, entre otros. La Sentencia es precisa no sólo en señalar el efecto de la omisión de la consulta previa, sino también en disponer qué debe hacer la autoridad para restituir las cosas al estado anterior a la violación. Para ello, la Sentencia toma en cuenta la Medida Cautelar otorgada por la CIDH. Y, por lo tanto, ordena medidas de atención inmediata de la salud integral, incluyendo su tratamiento y recuperación; la provisión de fuentes seguras de agua; estudios para descontaminación; la reparación y reforestación de suelos, recursos y todo el hábitat afectado. Asimismo, la Sentencia utiliza conceptos como “hábitat”, “salud integral”, la prioridad del consumo humano del agua sobre otros, la descontaminación, reparación, reforestación, etc.

¿Se aplicó alguna norma o principio convencional para fortalecer la línea argumentativa?

Si, el Juez en su argumentación aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la consulta previa y la Medica Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Comunidad Nativa Tres Islas. En este sentido, la Sentencia abre un camino para que la jurisprudencia constitucional se adecúe al principio de convencionalidad en materia de consulta previa. Esto es, que se considere un principio general del derecho, exigible siempre y no sólo desde la Ley de consulta previa; y con el efecto de generar la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos adoptados sin respeto de la consulta previa según estándares internacionales.

Parte V: Estado de Cumplimiento de la Sentencia

¿Existe un cumplimiento parcial o total de la sentencia?

A la fecha, el Juez de ejecución (primera instancia) de Madre de Dios ha ordenado al Gobierno Regional de Madre de Dios y Autoridad Nacional del Agua que cumplan con la Sentencia. En atención de que el Tribunal Constitucional declaró improcedente la queja presentada por el Procurador del Gobierno Regional de Madre de Dios y del Ministerio de Agricultura y Riego. Esto debido a que dichas entidades al no estar de acuerdo con la sentencia presentaron un recurso de agravio constitucional, el cual no fue admitido por los jueces del Poder Judicial de Madre de Dios. Por su parte, la Autoridad Nacional de Agua ya declaro extinguidos dos autorizaciones de agua, con base en la sentencia .

¿Existe un mecanismo de seguimiento?

A la fecha no existe un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional.

Back

Servicios IIDH

No es necesario contar con usuario y/o contraseña para acceder a los servicios de consulta.